La morosidad acaba con más de 150.000 empresas en España

De las 500.000 empresas que han desaparecido desde que se inició la crisis (200.000 pymes y 300.000 autónomos), un tercio lo han hecho debido a la morosidad. Es decir, más de 150.000, según estimaciones de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM). Incluso otros expertos como Eduardo Ochoa, responsable del Departamento de Optimización de Working Capital de LowendalMasai, se basan en los datos del INE para afirmar que en los últimos cuatro años más del 40% de las empresas que han cerrado, lo han hecho por impagos de sus clientes, y el 35% de los concursos de acreedores viene derivado por esta misma causa. La Administración Pública es uno de los principales actores en esta situación, pero también ha aumentado la morosidad entre empresas privadas de todas las comunidades autónomas y de todo tipo de actividad. En el ámbito público, sectores como el farmacéutico, empresas de servicios urbanos (basuras, limpiezas, recogidas de residuos, servicios de autobuses, etc.), electricidad, teléfono, están sufriendo impagos por parte de las diferentes administraciones. El problema tiene consecuencias muy serias. El continuo retraso en el cobro está asfixiando a muchas compañías, además de redundar en el empeoramiento de la competitividad y el deterioro de la situación de liquidez de las empresas que, en innumerables ocasiones, termina en cierre. Y es que, ante la actual coyuntura económica y la escasez de financiación hoy día es más imprescindible que nunca asegurar el cobro con los clientes. El Plan de Pago a Proveedores aprobado por el Gobierno el pasado febrero para abonar facturas pendientes de Ayuntamientos y comunidades autónomas, fue una medida necesaria y novedosa que generó muchas expectativas. Sin embargo, los pagos se produjeron de manera puntual y sin continuidad. Según los expertos de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, las Administraciones Públicas han acumulado nuevamente facturas impagadas correspondientes a 2012, volviéndose así a alargar los plazos por encima de lo que se puede considerar razonable y de lo que estipula la Ley para este 2012 (40 días), y para el 2013 que ya llega (30). Además, las medidas del plan de pago solo pueden ser realmente efectivas si el dinero llega hasta el último eslabón de la cadena productiva. Y no lo ha hecho en todos los casos, porque no se ha conseguido asegurar el cobro de las subcontratas, esto es, de los proveedores de los proveedores. Aun hoy hay subcontratas que continúan a la espera de cobrar por parte de aquellos que sí han recibido el dinero de las Administraciones. En el sector privado la situación no es distinta. Tampoco ha mejorado en los últimos meses y los plazos de pagos entre las empresas tienden a alargarse por encima de los 75 días que la Ley establece para 2012 y los 60 para un 2013 a la vuelta de la esquina.