Elecciones locales

Los resultados, conocidos la semana pasada, son sin duda un fuerte varapalo para el ejecutivo que pierde ciudades tan emblemáticas como Cochabamba y Santa Cruz además de  la capital, La Paz, donde salió electo alcalde nada menos que el exministro de Obras Públicas de Jeanine Añez, Iván Arias. El triunfo de Luis Fernando Camacho como nuevo gobernador de Santa Cruz es especialmente destacable ya que este político de derecha fue el principal impulsor de la caída de Evo Morales y la tercera mayoría presidencial en las elecciones generales de octubre del año pasado. Su perfil combativo hace esperar  tensiones con el gobierno central y el presidente Luis Arce, máxime teniendo en cuenta las tradicionales aspiraciones de una mayor autonomía en la que es la ciudad más próspera del país. Además, el resultado general confirma que persiste una clara división entre en el campo y las ciudades. En los municipios rurales, el MAS predominó ampliamente, mientras que las ciudades más relevantes quedaron en manos de la oposición (8 de las 10 principales urbes). Sin embargo, Evo Morales, que ha asumido el papel de jefe de campaña, ha declarado que considera el resultado ampliamente favorable a su partido puesto que continúa siendo la agrupación más votada en el país. Otra lectura bien distinta es que el oficialismo ha perdido poder en las principales ciudades y departamentos del país y en torno a un 20% de apoyo con respecto de los anteriores comicios.

│Polémica detención

El arresto de Jeanine Áñez en la madrugada del 13 de marzo ha provocado fuertes críticas en la oposición boliviana, que acusa a la justicia de estar “vendida al Gobierno” de Luis Arce. La expresidenta y cinco de sus exministros han sido acusados de delitos de terrorismo, sedición y conspiración, por su posible participación durante las violentas revueltas que se produjeron entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 y que condujeron a la dimisión de Morales y su precipitada salida del país. Además, insisten en que, por ser expresidenta, Áñez solo puede ser juzgada por el Parlamento y no por los tribunales ordinarios. La exmandataria, por su parte, denuncia que no goza de las garantías y condiciones necesarias para un debido proceso ya que fue detenida sin antes ser informada de que formaba parte de un juicio y no se presumió su inocencia. Así lo ha manifestado en una carta que ha enviado desde la cárcel a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), y a Michael Dóczy, embajador de la Unión Europea en Bolivia. En ella, la expresidenta pide que estos organismos envíen misiones oficiales de observación para que “evalúen de manera objetiva e imparcial la ilegal aprehensión de la cual hemos sido víctimas mi persona y mis dos exministros”. La oposición califica la detención como un caso evidente de persecución política en contra de quienes defendieron la libertad y la democracia en 2019. El ejecutivo niega todas estas acusaciones y afirma que la “justicia debe continuar con un trabajo independiente de cualquier gobierno”