Espiral de violencia

La oposición, lejos de amedrentarse ante la oleada de posteriores detenciones, desafió a Moïse nombrando unilateralmente como “presidente interino” a un magistrado de la máxima instancia judicial del país, quien declaró que asumía la jefatura del Estado. Ante esta situación, el ministro de Justicia declaró que el gobierno tomará “todas las medidas coercitivas” necesarias para mantener el orden en el país caribeño y ordenó la jubilación inmediata del magistrado opositor. El origen del conflicto está en las diferentes interpretaciones que se hacen de la Constitución acerca de la duración del mandato de Moïse. Como se recordará, tras las caóticas elecciones de 2017 (que por diversas causas – protestas, acusaciones de fraude, huracanes – fueron pospuestas varias veces y finalmente tuvieron que repetirse), se nombró un presidente interino que finalmente estuvo un año en el poder, hasta que Moïse asumió el cargo en 2018. El presidente defiende que tiene derecho a disfrutar de cinco años (la duración máxima del mandato según la Constitución) desde ese momento, es decir, hasta 2022, mientras que los manifestantes reclaman que su gobierno debería haber terminado el pasado día 7 de febrero. La oposición denuncia también el giro autoritario del mandatario desde que hace un año disolviera el Parlamento, así como sus planes para modificar la Constitución, lo que podría permitirle concurrir de nuevo a las elecciones presidenciales. Todo ello ha avivado la ira de sus críticos, en un contexto social de elevadísima tensión y violencia. No obstante, Moïse cuenta con el apoyo de la comunidad internacional que, aunque crítica con su gestión en el último año, teme que la caída a destiempo de su gobierno desestabilice el país, uno de los más pobres de toda Latinoamérica, y, con ello, la región del Caribe.