A grandes males, grandes remedios

Según el FMI, el PIB del Sultanato se contraerá en 2020 nada menos que un 10% en términos reales, más que el de ningún otro país miembro del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), en tanto que sus finanzas públicas registrarán un déficit próximo al 19% del PIB. La deuda pública, por su parte, que en 2014 apenas llegaba al 5% del PIB, podría situarse en 2020 cerca del 90% de esa magnitud. Ante esta situación, el nuevo Sultán Bin Tariq al Said, que accedió al poder el pasado mes de enero tras la muerte de su predecesor Qaboos, está viéndose obligado a adoptar medidas de ajuste casi revolucionarias, con el fin de reducir el desequilibrio fiscal al 1,7% del PIB en el plazo de cuatro años. En 2021, Omán tiene previsto empezar a aplicar un IVA a un tipo del 5%, lo que le convertirá en el cuarto Estado miembro del CCG en introducir este tributo, tras Arabia Saudí, los EAU y Bahréin. Pero si la introducción del IVA, a la que, por otro lado, siempre se había opuesto el fallecido Sultán Qaboos, es sin duda importante, de histórica puede calificarse la otra medida fiscal que tiene en mente el actual jefe del Estado y que es, nada menos, que la introducción, a partir de 2022, de un Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aunque el nuevo IRPF no será ni mucho menos universal, ya que está previsto que sólo recaiga sobre las “rentas altas”, su introducción convertirá a Omán en pionero ya que esta figura tributaria jamás se ha aplicado con anterioridad en ningún país miembro del CCG. Las autoridades omanís piensan destinar lo recaudado por este impuesto a financiar programas de asistencia social, algo muy necesario, si se tiene en cuenta que el nuevo Sultán tiene también intención de reducir de manera escalonada los subsidios sobre la electricidad y el agua, hasta su total eliminación en 2025.