10 mar 2024
Adrianzén, nuevo primer ministro
Perú se enfrenta a una nueva crisis política desencadenada por la renuncia del primer ministro Alberto Otárola, tras ser acusado de favorecer a una expareja con contratos estatales y enfrentar denuncias de acoso sexual.
Este escándalo ha sacudido los cimientos del gobierno, ya que Otárola era considerado una figura clave en la administración de Dina Boluarte, lo que supone un serio revés para un ejecutivo que ya es muy impopular. La designación de Gustavo Adrianzén como sucesor de Otárola, un antiguo defensor de políticas represivas contra protestas en su papel como embajador ante la OEA, suscita preocupación sobre la continuidad de un enfoque autoritario en lugar de buscar el diálogo y la reconciliación nacional. Además de los dilemas internos en el gobierno de Boluarte, se han destapado conflictos familiares con acusaciones dirigidas hacia su hermano por presunta participación en un complot con el expresidente del país Martín Vizcarra para conseguir el cese del ahora ex primer ministro. Todas estas acusaciones ponen en tela de juicio la integridad y estabilidad del liderazgo político en el país. A pesar de las críticas y controversias, Boluarte ha decidido mantener a su gabinete, incluso a ministros que enfrentan cuestionamientos por su desempeño. Esta decisión podría verse como una apuesta por la continuidad y estabilidad en medio de la crisis, aunque también plantea interrogantes sobre la capacidad del gobierno para abordar y resolver sus problemas internos.
│Impopular reforma constitucional
El Congreso aprobó en segunda votación y de manera definitiva el retorno del país a un sistema bicameral y la posibilidad de reelección legislativa inmediata, a pesar del amplio rechazo expresado por la población en el referéndum popular de 2018. Entonces la mayoría votó en contra de esta reforma constitucional principalmente por los posibles costos adicionales que conllevaría mantener dos cámaras legislativas, así como el temor a un aumento en la burocracia y a la posibilidad de una parálisis legislativa que obstaculice la toma de decisiones eficientes. La reelección legislativa fue rechazada debido a la preocupación por el posible abuso de poder, así como para promover la renovación y la diversidad de ideas en el Congreso. Sin embargo, la medida fue ratificada en el Congreso en segunda instancia la semana pasada, superando los 87 votos mínimos requeridos y evitando así un nuevo referéndum. Según la nueva disposición, en las próximas elecciones generales programadas para el 2026, los peruanos deberán elegir al menos 60 senadores y 130 diputados para un período de cinco años. El Ejecutivo defiende la medida como una mejora del sistema de representación política al establecerse un contrapeso efectivo.