Ajuste de cuentas con el FMI

Esta asistencia financiera de emergencia, otorgada bajo el Instrumento de Financiamiento Rápido, ascendía a 327 mill.$, a los que hay que sumar de 24 mill.$ en intereses y comisiones. El Ejecutivo ha justificado esta polémica decisión alegando que actúa “en defensa de su soberanía nacional”, ya que dicho apoyo financiero venía condicionado por determinadas políticas económicas, y la Constitución boliviana, promulgada en 2009 por Morales, prohíbe admitir metas y disciplinas económicas impuestas por instituciones extranjeras. El gobierno considera, por tanto, que la aceptación de este crédito hace poco menos de un año iba contra este mandato. Este argumento ha sido cuestionado por miembros del anterior gobierno, que consideran que fue un “apoyo coyuntural” para inyectar la liquidez necesaria para hacer frente a un acontecimiento extraordinario, como es la pandemia, y que no estaba sujeto a condiciones que vulneren la citada norma. La oposición, por su parte, critica que se devuelvan fondos que son muy necesarios en un contexto de recesión económica y cuando el país hace frente a la segunda ola de contagios. Bolivia registra 242.300 contagios y 11.440 muertes en una población de 11 millones de habitantes y cerró 2020 con una caída del PIB superior al 8%.