Aprobación in extremis de los presupuestos generales

La pérdida de la votación hubiera tenido los mismos efectos que una derrota en una moción de censura y Yassin, quien sólo lleva nueve meses en el poder apoyado en una muy exigua mayoría parlamentaria, hubiera tenido que presentar su dimisión. La agencia de calificación Fitch degradó, el pasado día 5 de diciembre, el rating crediticio de Malasia (de A- a BBB+), basándose en las dificultades futuras del gobierno para sacar adelante las medidas económicas debido a su limitada mayoría en el parlamento. Por lo tanto, el resultado de la votación del pasado día 15 quizás haga a Fitch replantearse ese argumento. La citada agencia de rating también justificó su decisión en el riesgo de que se produzca un aumento sustancial de la deuda pública en los próximos ejercicios. En Malasia la deuda pública no puede, por ley, sobrepasar el 55% del PIB. Sin embargo, y en atención a las necesidades especiales ocasionadas por la pandemia, el gobierno ha sido autorizado por el parlamento para sobrepasar ese umbral máximo en 2021, ejercicio en el que se prevé que la deuda pública se eleve hasta el 67% del PIB. Según Fitch, se trata de un nivel que ya empieza a ser alto para un país como Malasia, donde una quinta parte de sus ingresos públicos procede de los hidrocarburos y que cuenta con una base impositiva que se ha limitado desde que en 2018 se decidió suprimir el IVA introducido unos pocos años antes. En el lado positivo, el país cuenta con uno de los mercados nacionales de deuda más profundos y desarrollados del Sudeste Asiático, gracias a lo cual un porcentaje muy importante de la misma está denominado en moneda local, el ringgit. Malasia cuenta también con una economía bastante diversificada, en la que, además del petróleo, destacan el aceite de palma, del cual es, tras Indonesia, segundo productor mundial, así como una industria electrónica y de componentes informáticos competitiva y muy integrada en las cadenas mundiales de valor.