24 mar 2024
Atentado en la sala Crocus City
Cerca de 137 personas han perdido la vida en el atentado perpetrado por el grupo terrorista ISIS-K en una sala de conciertos cercana a Moscú el pasado viernes 22 de marzo.
Poco después de que se produjera el ataque, cuatro sospechosos fueron arrestados por las autoridades acusados de haber cometido la matanza. El grupo integrista del Estado Islámico reclamó la autoría del ataque publicando distintos vídeos que aparentemente habrían sido grabados desde los móviles de los atacantes. En concreto, la facción que reclama la autoría es el ISIS-K, la rama con presencia en Afganistán y Pakistán. Los servicios de inteligencia estadounidenses alertaron tan solo unas semanas antes de la posibilidad de que se produjesen atentados en Moscú y recomendaron a sus ciudadanos evitar las grandes aglomeraciones de gente. Además de la advertencia pública, Washington también compartió la información de forma privada con las autoridades rusas. Sin embargo, dada la mala relación actual entre Rusia y Estados Unidos, Moscú las tildó de “chantaje e intento de desestabilización e intimidación de la sociedad”. No es la primera vez que Rusia sufre un atentado de fundamentalistas islámicos en su territorio. Recordemos la oleada de ataques terroristas del separatismo checheno y del Daguestán que tuvieron lugar a principios de siglo. El ataque se ha producido en un momento especialmente sensible para Putin; nada más vencer en unos comicios previamente orquestados en los que se ha presentado como el garante único de la seguridad del país. El ataque en la sala Crocus City no solo supone una grave vulneración del aparato de seguridad e inteligencia del Kremlin, sino que deja en entredicho la capacidad de Putin de cumplir sus promesas. Hasta el momento, el líder ruso se ha dirigido a la población en un discurso en el que ha prometido vengarse de los culpables que enfrentan penas vitalicias. Además, se prevé que los parlamentarios rusos debatan en las próximas semanas la restitución de la pena de muerte en el código penal, una medida que se había paralizado. También resulta probable que se endurezcan las políticas migratorias y, más aún, las medidas de represión interna del régimen.