Disolución del Parlamento

El mandatario ordenó disolver el Parlamento, después de que más de la mitad de los diputados organizasen una reunión virtual para anular los decretos presidenciales aprobados por el propio Saied desde que implantó el estado de excepción a finales de julio de 2021. Aunque la Constitución tunecina establece que las leyes aprobadas por el parlamento prevalecen sobre los decretos presidenciales, en la práctica Saied es quién está ejerciendo el poder y el control de las instituciones. El ministerio de Justicia ha instado a la fiscalía el inicio de una investigación contra los diputados que participaron en la reunión por posibles delitos de conspiración contra el Estado. Desde la instauración del estado de excepción, Saied ha eliminado paulatinamente todos los contrapesos que puedan obstaculizar su deriva autoritaria. A principios de febrero el presidente también disolvió el Consejo Judicial de la Magistratura -la institución encargada del nombramiento de los jueces- una medida que erosionó sustancialmente la división de poderes.