Hacia una mayor descentralización

La reforma, considerada el mayor avance en descentralización desde 1991, incrementará gradualmente las transferencias a municipios y departamentos, pasando del 25% actual al 39,5% de los ingresos nacionales en 12 años, destinándolos a áreas clave como educación, salud y servicios básicos. Una amplia mayoría, incluidos partidos de gobierno, independientes y de oposición, ha respaldado la iniciativa si bien enfrenta críticas por posibles riesgos a la sostenibilidad fiscal del país. A pesar de presentarse como fiscalmente neutra, ya que las regiones asumirán mayores responsabilidades de gasto mediante una ley de competencias, algunos temen que este aumento de recursos no sea suficiente para cubrir las nuevas responsabilidades, lo que podría generar desajustes entre los ingresos y los gastos, tanto a nivel regional como central. Además, al fortalecer las finanzas regionales, el Estado central podría ver reducida su capacidad para financiar otros sectores clave, como infraestructura y defensa. El proyecto también requiere la aprobación de una ley de competencias en los próximos 12 meses, que definirá las nuevas obligaciones de las regiones para garantizar el equilibrio fiscal. La medida busca reducir las brechas territoriales y otorgar mayor autonomía económica a las regiones, pero su implementación será clave para determinar su impacto real.