20 dic 2020
Libertad de prensa
En 2020 un número récord de periodistas, por lo menos 274, han sido encarcelados en el mundo, según el último informe del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). A esto se suma también aquellos que han sido arrestados o imputados, así como un número mucho mayor que han sufrido daños físicos (mayoritariamente a manos de fuerzas policiales) durante el desempeño de su trabajo.
Turquía, China, Egipto y Arabia Saudí, todos ellos con un poco honroso historial de respeto a la libertad de prensa, son los países con más reporteros en prisión. Además, Bielorrusia, donde hubo masivas manifestaciones en protestas por la controvertida reelección de su presidente, y Etiopía, un país que atraviesa un momento especialmente delicado debido al enfrentamiento armado entre el ejército oficial y las milicias Tigray, destacan por sufrir el mayor incremento de encarcelamientos. El CPJ encuentra la causa de esta situación en la “falta de un liderazgo global en cuanto a valores democráticos”, señalando en particular al presidente Trump en EE.UU., al tiempo que alerta de la preocupante falta de confianza en los medios de comunicación por parte de la población durante la pandemia.
│Identificación digital
El impacto que ha tenido la pandemia a nivel económico y social ha acelerado los diversos programas nacionales de identificación digital de la población, con el fin de facilitar el reparto de prestaciones sociales a los ciudadanos más favorecidos, así como permitir el establecimiento de un registro fidedigno de población vacunada contra la covid-19. Alrededor del mundo, 3.400 millones de personas solo disponen de un documento de identificación analógico y más de mil millones de personas no tienen ningún tipo de documento oficial a su nombre (un 80% de las cuales viven en África Subsahariana y el Sudeste Asiático). Las mujeres, los habitantes de zonas rurales y los más pobres son las principales afectados por esta situación. Un paradigmático caso de éxito en ponerle fin a este problema es el de India, que lanzó Aadhaar, un pionero sistema de identificación biométrica, en 2014, y ha logrado incluir a más de 1.200 millones de personas en su base de datos. Tomándolo como ejemplo, se ha creado MOSIP, una plataforma de código abierto para el establecimiento de programas nacionales de identificación, bajo el que Marruecos, Filipinas, Guinea y Sri Lanka, entre otros, están basando sus planes, apoyados por bancos de desarrollo y asociaciones filantrópicas privadas. No obstante, todo tipo de países, no solo aquellos en desarrollo, se podrían beneficiar de la implantación de sistemas similares. Según un estudio de la consultora McKinsey, centrado en siete naciones entre las que se encontraban Reino Unido y Estados Unidos, la adopción de documentos de identidad digitales podría tener un impacto económico positivo de entre el 3 y el 13% del PIB.