Los islamistas, vapuleados

Por primera vez en Marruecos, se celebraron conjuntamente las elecciones legislativas, provinciales y municipales, que anteriormente tenían lugar en días distintos. No obstante, las verdaderamente relevantes, las legislativas, arrojaron un resultado sorprendente. El partido islamista moderado Justicia y Desarrollo, en el poder desde 2011, obtuvo sólo 12 de los 395 escaños de la Cámara de Diputados, apenas un 10% de los logrados en las anteriores elecciones legislativas de 2016. La contundente derrota del PJD fue expresión de la frustración ciudadana ante el desempleo juvenil, que no cede a pesar de que en los últimos años Marruecos se ha convertido en un centro automotriz regional, y el aumento de las desigualdades económicas, que en 2020 se vieron agravadas por la pandemia, que ocasionó una contracción del PIB del 6% en términos reales. Los dos partidos más votados fueron, respectivamente, el RNI (Reagrupamiento Nacional Independiente) y el PAM (Partido de la Autenticidad y Modernidad), con 97 y 82 escaños, respectivamente. Ambos partidos tienen en común dos cosas. En primer lugar los dos son de signo liberal y en segundo término, sus respectivos líderes son personalidades muy próximas al Rey Mohamed VI. De hecho, el presidente del RNI, quien posiblemente sea designado por el monarca para formar gobierno, es todavía el actual ministro de Agricultura y Pesca en el gobierno de coalición. La ideología liberal de ambas formaciones ha hecho que los mercados hayan acogido bien el resultado de las elecciones, por entender que el nuevo gobierno será más “investor friendly” que el actual. Ese nuevo gobierno tendrá que ser, necesariamente, de coalición, tras la aprobación a principios de este año de una nueva ley electoral que, con el fin de evitar que un solo partido pueda obtener más del 50% de los escaños, favorece la llegada al parlamento de numerosas formaciones políticas pequeñas, lo que ha ocasionado una gran dispersión del voto ciudadano. La derrota de los islamistas moderados, por último, se enmarca dentro de un gran movimiento de rechazo a este tipo de formaciones observable en el norte de África durante los últimos años. El anterior episodio tuvo lugar en Túnez, cuando a finales del pasado mes de julio, el presidente Kais Saed cesó al gobierno y suspendió el parlamento, dominado por el partido islamista moderado Enhahda. La acción presidencial, que desde Enhahda fue calificada de golpe de Estado encubierto, contó, sin embargo con un amplísimo apoyo ciudadano, siendo reflejo del malestar de los tunecinos por la corrupción, y la mala gestión económica y de la pandemia a cargo de los islamistas, en el poder desde el año 2012.