Lucha de poder en Polonia

El choque entre el Ejecutivo liberal liderado por Tusk y el presidente del país, Andrej Duda, ha sido constante. Primero, el presidente retrasó el nombramiento de Tusk como primer ministro; en diciembre vetó su proyecto de presupuesto; y la semana pasada convirtió el encarcelamiento de dos excargos del PiS, Mariusz Kaminski y Maciej Wasik (considerados presos políticos por Duda), en una crisis constitucional en toda regla. El poder judicial también se opone a los intentos de Tusk de recuperar el control de los organismos públicos. Esta misma semana el Tribunal Constitucional, controlado por jueces afines al PiS, dictaminó que la reforma de los medios de comunicación estatales impulsada por el primer ministro era inconstitucional. A ello se le suma la negativa del fiscal nacional, nombrado por el PiS el pasado mes de noviembre, de abandonar su puesto, a pesar de que el nuevo ministro de Justicia, Adam Bodnar, le haya sustituido. Se trata de la transición de poder más hostil que ha vivido Polonia en las últimas décadas y da una muestra del grado de control institucional que ha logrado alcanzar el PiS tras ocho años en el poder. En este contexto de confrontación, se duda de que el país pueda acceder a los más de 100.000 mill.€ de financiación europea que Bruselas mantiene bloqueados hasta que se revierta la reforma judicial y se restaure la independencia de los jueces en el país. Tusk ha prometido acelerar la reforma judicial para cumplir las demandas de la UE y acelerar el desembolso de fondos. Sin embargo, para ello Duda tiene que dar su aprobación, un prerrequisito sobre el que se abren muchos interrogantes.