Los subsidios fósiles costaron 5 billones de dólares en la última década

Los datos no pueden revestirse de mayor oficialidad. Corresponden al último diagnóstico anual de la Agencia Internacional de la Energía (IEA, según sus siglas en inglés). Ni invitan al optimismo. De hecho, sus expertos dejan una lectura crítica de gran profundidad. Esencialmente, porque se produce en un momento crucial, cuando la hoja de ruta hacia las emisiones netas cero para 2050 habían adquirido notoriedad en las agendas reformistas y los Green New Deals circulaban ya con sus propias taxonomías. “Con el consumo energético siendo especialmente vital para los núcleos familiares y las empresas, los gobiernos mantienen sus amplios subsidios al combustible fósil para hacer su acceso lo más cómodo posible”, explican. Antes de precisar que estas ayudas no contribuyen precisamente a la transición energética que necesita el planeta.  

Estos subsidios -enfatiza la IEA- “reducen artificialmente el precio de los carburantes de origen fósil”; generalmente a través de dos formas. Por un lado, con deducciones o ventajas fiscales e, incluso, pagos directos que rebajan los costes de producción del carbón, del petróleo y del gas. Y, por otro, por medio de un abaratamiento de los precios finales al consumidor; de manera más concreta, mediante un control del valor final, entre otras medidas intervencionistas. “Cada año, los gobiernos de todo el mundo destinan casi la mitad de sus arsenales fiscales a subsidiar sus industrias fósiles”. En la última década -o, para ser más precisos, los once años que han marcado el intervalo entre las dos grandes crisis, la financiera de la quiebra de Lehman Brothers, y la del Covid-19 que dio lugar a la Gran Pandemia- 5 billones de dólares. Cifra similar a la capacidad de producción anual del tercer PIB del planeta, el de Japón.

El petróleo, la electricidad y el gas, al que la IEA sigue considerando en su lista negra de fuentes de emisiones contaminantes, absorben, por este orden, y en todos y cada uno de los ejercicios, los mayores privilegios de las inyecciones monetarias estatales. A diferencia de la UE, que acaba de incluir al gas natural -y a la nuclear- en su taxonomía verde. Pese a las quejas sociales y de organizaciones ecologistas. En medio del tsunami energético creado ya desde finales del verano por la escalada de las tarifas energéticas impulsadas desde el negocio gasístico por los primeros cierres graduales del grifo ruso hacia los socios nórdicos y del centro del mercado interior de la UE y que se agravó en otoño con las réplicas de los cuellos de botella del comercio y en el tráfico logístico internacional. Hasta el punto de propiciar una espiral inflacionista desconocida en más de cuatro décadas entre las potencias industrializadas y China, el principal mercado emergente y una economía altamente energético-dependiente.     

Los subsidios fósiles cayeron a los niveles más bajos de la pasada década en 2020 por el parón de la actividad global derivado de la Covid-19 que llevó aparejado una interrupción del consumo de energía y la depresión de la cotización del crudo. Sin embargo, dos años después, la IEA revela que el rearme de ayudas a la industria fósil fue más que notable en 2021, con un incremento del 142%, hasta superar los 440.000 millones de dólares. Sólo el petróleo acaparó casi la mitad de los subsidios de la pasada década, con más de 2 billones de dólares entre 2010 y 2020.

Desde el FMI se aporta otra cifra estremecedora al debate sobre la contumaz influencia de la Vieja Economía de producción fósil -en alusión a las grandes petroleras, pero también a firmas altamente contaminantes del sector ajenas a las supermajors- con la que la industria, a juicio de analistas como Jeff Currie, de Goldman Sachs, había emprendido una auténtica “revancha” para frenar los avances hacia la neutralidad energética. A juicio de Currie, la escalada del precio de la luz y la espiral inflacionista posterior, perfilada con un barril de crudo por encima de tres dígitos, como auguró y acertó en octubre, “surgen por los clásicos problemas de la producción fósil” que llevó a varios países como China y EEUU y algunos europeos a reactivar la extracción de carbón para contener el rally alcista de la electricidad. Arrojando borrones a sus estrategias y a sus más recientes e incipientes regulaciones verdes. 

El Fondo Monetario cifra en 11 millones de dólares por minuto el promedio de gasto en subsidios fósiles en todo el mundo. Con datos de 2020, el de más bajo suministro de ayudas. Ejercicio en el que, según sus cálculos, las empresas de carbón, petróleo y gas se beneficiaron de una factura al portador de 5,9 billones de dólares. Estos subsidios “añaden gasolina al fuego”, admite el FMI. Y vienen a echar por tierra el escaso optimismo de la COP 26 de Glasgow, de reducir el daño climático a un aumento de la temperatura global de 1,5 grados centígrados en 2050. O a recortar las predicciones científicas que hablan de un aumento del 42% de las dolencias asociadas a las altas cotas de polución en el aire y al 29% de incremento de las olas de calor y otros fenómenos atmosféricos. “Los precios subsidiados de estos carburantes no sólo deben ser una urgencia, sino que sus reformas legislativas, para acabar con ellos, deberían ya estar en los calendarios” de los gobiernos mundiales. La invasión de Ucrania, sin embargo, ha vuelto a enviar esta propuesta al cajón de los sueños eternos. Pese a que el FMI incide en que la idea de que benefician a la clase más desfavorecida “no es cierta”. Más bien todo lo contrario, “favorecen a los hogares con más poder adquisitivo”. Y recuerda el compromiso del G20 en 2009 de acabar con las “ineficientes” ayudas públicas en 2016, luego ampliado a 2025 por el G7. “Sin que parezca que haya habido un progreso mínimo aconsejable”. 

Los expertos del Fondo creen que el precio del carbón en 2020 estuvo un 99% por debajo de su valoración de mercado, el diésel, un 52% y el gas natural, un 47%. Con cinco países -China, EEUU, Rusia, India y Japón- como responsables de las dos terceras partes de los subsidios mundiales. “Sin acciones concretas, las ayudas alcanzarán los 6,4 billones de dólares en 2025”, alerta el FMI. Ian Parry, responsable de políticas medioambientales en el Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo, es tajante en el planteamiento oficial de los organismos multilaterales: unos precios de mercado de los carburantes fósiles contribuirían a recortar emisiones de CO2; por ejemplo, en la aceleración del tránsito de la generación eléctrica procedente del carbón a otras fuentes de energías renovables. O a hacer los coches eléctricos más baratos y asequibles. Para Parry, los países se niegan a dar este paso por “temor a que puedan perder competitividad si los precios de estos carburantes se disparan”.