El Presidente declara el “conflicto interno armado”

Lo cierto es que el país lleva en estado de shock algo más de dos años como consecuencia de la espiral de violencia que le ha llevado de ser uno de los países más seguros del continente hace menos de un lustro a liderar las estadísticas de homicidios. En concreto, en 2019 Ecuador registraba menos de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, 2022 ya concluyó con el peor registro de violencia criminal de la historia del país: una tasa de 25 homicidios intencionados por cada 100.000 habitantes, al nivel de los países con los perores registros, como México, Brasil o Venezuela. La situación se ha deteriorado rápidamente en 2023, cuando se registraron más de 7.000 asesinatos, lo que supone una tasa de más de 40 casos/100.000 hab., la más alta de toda Latinoamérica y de las más altas del mundo. Si bien, al igual que sucede en los casos de México y Brasil, no es previsible que esta ola de violencia tenga un impacto directo sobre la solvencia externa del país, las implicaciones políticas, sociales, así como en el potencial de crecimiento a largo plazo sí van a importantes. El Presidente Noboa, con las elecciones a la vista en 2025, se va a embarcar en una campaña de mano dura contra el narcotráfico con la esperanza de lograr contener la ola de violencia y mejorar así sus perspectivas de reelección.

│Ecuador: nuevo Hub del narcotráfico

Si bien las causas fundamentales de la violencia, tanto en Ecuador como en general en la región, hunden sus raíces en un cóctel de pobreza, desempleo juvenil, falta de medios policiales y extensión de las redes del narcotráfico, estos estallidos de violencia están casi siempre relacionados con guerras entre bandas a raíz de desequilibrios de poder entre ellas. El hecho de que Ecuador sea en cierto modo un “terreno virgen” para los carteles del narcotráfico internacional le hace susceptible de padecer guerras entre bandas que pugnan para afianzar su control sobre este “nuevo territorio”, lo que explicaría la reciente ola de violencia. En efecto, las razones por las que Ecuador está viviendo esta intensificación de la violencia tan aguda señalan a su creciente papel como centro logístico en las redes del narcotráfico y a sus puertos y ciudades costeras como el nuevo gran centro de distribución para los carteles internacionales de la droga. Así, los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, enemigos en México, han captado y reorganizado a las bandas locales para convertirlas en sus brazos ejecutores en Ecuador. Todo este fenómeno podría estar provocado, en última instancia, por la mejora en el control portuario en otros países de la región en los últimos años, especialmente en Colombia, y por el deterioro del mismo en las costas ecuatorianas. En este sentido, la decisión del expresidente Correa, en 2009, de no renovar la base militar estadounidense de Manta, desde donde se coordinaban las operaciones antidroga, y el traslado de estos efectivos a Colombia podría haber constituido un punto de inflexión. En efecto, las provincias occidentales de Esmeraldas, Guayaquil y Manta son los principales escenarios de la violencia que se ha vivido en Ecuador. Allí se hallan los principales puertos del país, unas infraestructuras ahora muy codiciadas por los narcotraficantes para distribuir la producción de los países vecinos, Perú y Colombia, los mayores productores de cocaína del mundo. El casi nulo control marítimo y aéreo por parte del Estado ecuatoriano facilita la salida de aeronaves y embarcaciones de terminales portuarias sin casi supervisión. De ahí que Ecuador se haya convertido en una pieza importante en la logística del narcotráfico internacional. Además, a partir de los puntos costeros, las redes criminales se expanden al interior del país buscando puntos de almacenamiento y, en paralelo, emprenden otras actividades habituales de estas organizaciones, como son el blanqueo de capitales, la extorsión y el secuestro. Finalmente, como ha sucedido en el resto de la región, las mafias estarían intentado extender su influencia sobre el sistema político y judicial, de ahí los asesinatos de políticos, abogados, activistas y periodistas. Así pues, si bien es posible que la tasa de homicidios disminuya en breve, una vez que se establezca una jerarquía entre bandas y se alcance la llamada “pax mafiosa”, a medio plazo el arraigo de las redes del narcotráfico y sus consecuencias sobre el marco institucional serán difíciles de revertir.