Expulsión de la OEA

Con esta iniciativa el oficialismo da un paso más en la ruptura con la OEA si bien su salida no será oficial hasta noviembre de 2023, una vez que se cumplan dos años desde el anuncio de su decisión, dado el estatus del país como miembro activo. Como se recordará, fue en noviembre del año pasado cuando Ortega comunicó la polémica decisión, poco después de que el Consejo Permanente de la OEA aprobara con 25 votos una resolución que enfatizaba que las elecciones nicaragüenses del 7 de noviembre de 2021 “no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”. El organismo no ha tardado en pronunciarse señalando que la ocupación de la oficina “es una violación de las más elementales normas internacionales”.

│Se intensifica el aislacionismo de Ortega

Con esta medida Ortega apuesta por un autoaislamiento como manera de protegerse del control y de las denuncias de la comunidad internacional sobre sus prácticas represivas y la sistemática violación de los derechos humanos bajo su mando. Sin ir más lejos, en abril de ese año, el Gobierno desató una brutal represión contra la población civil, que salió a la calle en manifestaciones masivas para protestar contra una polémica reforma del sistema de pensiones. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en dichas revueltas 355 personas fueron asesinadas por las fuerzas policiales y paramilitares. Desde entonces, más de 120.000 nicaragüenses han pedido refugio en Costa Rica, la persecución política a los disidentes se ha intensificado y la acumulación de poderes de la pareja gobernante ha ido en aumento. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas anunció  a finales de marzo de este año la creación de un mecanismo que investigará las violaciones a los derechos humanos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde 2018.