Impulso reformista

Los estados miembro llegaron a un acuerdo sobre la reforma de la política de asilo y migración que endurece las condiciones de asilo, refuerza el control de las fronteras y propone el cierre de los centros de acogida cerca de las fronteras para acelerar el proceso de repatriación. Además, se han fijado las cuotas de acogida obligatorias, uno de los asuntos más controvertidos. Sin embargo, se trata de un sistema de “solidaridad obligatoria pero flexible”, ya que ofrece la posibilidad de que se pague al presupuesto comunitario una cantidad de 20.000 € por solicitante de asilo en caso de que rechace acogerlos. Los líderes europeos así como los miembros del parlamento querían dejar este asunto zanjado antes de las elecciones europeas que se celebrarán el próximo mes de mayo. Según los sondeos, es probable que los partidos de ultraderecha, con un discurso centrado en el rechazo a la inmigración, consigan gran parte de los votos y, por tanto, podrían tratar de presionar para implantar medidas más drásticas, si cabe. En cuanto a las reglas fiscales, los Veintisiete han llegado a un acuerdo político sobre el cumplimiento del pacto de estabilidad y crecimiento, que quedó suspendido al inicio de la pandemia del covid-19. La Comisión Europea propuso cambiar las antiguas normas, que consideraba anticuadas, inflexibles y poco aplicables en el contexto post-pandemia. Así pues, se ha propuesto ofrecer recortes de gasto más graduales, una fase de transición y ampliación de los plazos para aquellos países que incumplan los criterios fiscales del Tratado de Maastricht (déficit por debajo del 3% del PIB y deuda pública por debajo del 60% del PIB). Sin embargo, para contentar también a los países más austeros, como Alemania, el acuerdo también incluye la exigencia de que los Estados miembro mantengan su déficit anual en torno al 1,5% del PIB, lo que permitiría a los países aumentar el gasto para hacer frente a una crisis imprevista sin superar el umbral del 3%. Nueve países de la eurozona, entre ellos Francia e Italia, tienen déficits superiores al umbral permitido y va a resultar extremadamente complicado reducirlo de cara a 2025, cuando comenzarían a aplicarse las nuevas reglas fiscales.