Recorte del rating por debajo del grado de inversión

La decisión obedece fundamentalmente a la previsión de un empeoramiento de las finanzas públicas al hilo de la retirada de la polémica reforma fiscal que, como se recordará, ha desatado una ola de protestas violentas a lo largo del país. La agencia destacó que la pandemia de covid-19 ha exacerbado la debilidad de las finanzas públicas que ya venían deteriorándose la última década. Además, al igual que en muchos otros países emergentes, la pandemia ha mostrado la fragilidad de las redes de cobertura social del país, lo que probablemente aumentará el gasto en el largo plazo. Se prevé que la deuda neta cierre este año en torno al 60% del PIB, lo que supone un preocupante aumento respecto al nivel de 43% del PIB que había en 2019. Lo cierto es que el mercado ya daba por descontado que el país iba a perder el grado de inversión en alguna de las tres calificadoras a la vista del precio de cotización de los bonos. Los gobiernos requieren de al menos dos agencias para certificar sus emisiones de deuda y, por el momento, el país aún conserva el grado de inversión en las otras dos, Fitch y Moodys. No obstante, no se descarta que en el corto plazo alguna de ellas siga el camino de Standard & Poor´s lo que aumentaría el coste de financiación de Colombia en los mercados internacionales, un lastre para la recuperación económica. El FMI prevé que el crecimiento del país latinoamericano repunte hasta un 5,2% este año, tras caer un 6,8% en 2020, si bien estas perspectivas están sujetas a una elevada incertidumbre, muy relacionada con la evolución de la crisis sanitaria.

│La crisis política y social se agrava

Se estima que ya son 42 los fallecidos desde que el 28 de abril estallaran las protestas en Colombia. La organización no gubernamental Temblores cifra en 2.905 los casos de abusos por parte de las fuerzas del orden lo que ha desatado fuerte críticas tanto dentro como fuera del país. En este contexto, no sorprende que el alto comisionado para la Paz de Colombia, Miguel Ceballos, haya presentado su renuncia al presidente, quien recientemente agregó a sus funciones la mediación entre el Gobierno y el Comité de Paro Nacional (CNP). No es la primera baja en el ejecutivo desde que estalló la crisis, el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y la canciller Claudia Blum también han presentado su dimisión. Por si esto fuera poco, el lunes 24 de mayo, el ministro de Defensa, Diego Molano, deberá enfrentarse en el Congreso a dos mociones de censura presentadas por los partidos de la oposición y algunos independientes, ante su eventual responsabilidad en la violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública. Todo ello mientras las negociaciones con el CNP continúan encalladas sin apenas avances en la resolución de la crisis. De hecho, el CNP ha convocado nuevas movilizaciones para los próximos 26 y 28 de mayo y ha afirmado que continuarán en las calles hasta que “el Gobierno pare la violencia, brinde garantías para la protesta, establezca procesos serios y eficaces de negociación y cumpla con todos los sectores de la juventud, la ciudadanía y de las organizaciones sociales que se han unido al paro”. En paralelo, crece la preocupación por los efectos que las manifestaciones puedan tener sobre la recuperación económica que apenas arrancaba. El sector de la construcción, uno de los motores de la economía, ha advertido que miles de empleos están en riesgo por los bloqueos en las vías, que impiden la circulación de materiales.