Reforma fiscal

El nuevo proyecto supondrá un aumento de la recaudación de 15,2 billones de pesos, unos recursos adicionales fundamentales para mitigar los efectos de la pandemia sobre los más vulnerables a corto plazo y para enderezar las finanzas en los próximos años. Entra las medidas aprobadas destaca el aumento de la tarifa de renta corporativa en un 5% hasta el 35% desde el año que viene, la lucha contra la evasión de impuestos y la austeridad en el gasto público. En lo social, extiende, de forma transitoria, el programa de apoyo a la nómina -PAEF- (desde mayo hasta diciembre de 2021), enfocado en las empresas de 50 trabajadores o menos, y el programa Ingreso Solidario (hasta diciembre de 2022) que, como se recordará, otorga una renta básica de $160.000 cada mes, a las familias más vulnerables del país.  La reforma favorecerá una mejora del balance del Gobierno en el mediano plazo ya que la mayoría de los ingresos esperados por la reforma son de carácter permanente mientras que los principales gastos sociales introducidos son transitorios. Además, se ha modificado la regla fiscal introduciendo un límite de deuda (71% del PIB) a partir del cual se considera que podría peligrar la sostenibilidad. También se contempla una cláusula de escape que permite desviarse temporalmente del cumplimiento de las metas fiscales. Las previsiones para las cuentas públicas, con la reforma ya en vigor, apuntan a que el déficit se  ubique en el 7% del PIB en 2022 y para 2023 se reduzca hasta el 4,7% del PIB. Como resultado, el Gobierno proyecta que la una deuda crezca hasta 2023, ubicándose en niveles cercanos al 70% en 2023. El ajuste, por tanto, es gradual con el fin de no menoscabar la recuperación económica pero, a su vez, incluye un compromiso de consolidación en el medio plazo, vital de cara a los mercados.