Se intensifican las protestas

Más de 200 personas han sido detenidas en una intervención policial que ha recibido la condena de Amnistía Internacional que recuerda al Gobierno que el estado de emergencia no suspende el derecho al debido proceso y la prohibición de incomunicación y tratos crueles a las personas detenidas. En la misma línea se ha pronunciado la misión en el Perú de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que ha exigido proporcionalidad a las autoridades del país, tras la controvertida actuación policial. Lo cierto es que el gobierno de Dina Boluarte está aumentando la represión y no parece estar dispuesto a ceder a las demandas. La presidenta en un mensaje televisivo a la nación, el pasado 20 de enero, acusó a los manifestantes de "quebrar el Estado de derecho" y generar "caos y desorden" para "tomar el poder de la nación" al tiempo que reiteró su negativa a dimitir. El impacto económico de las protestas es todavía difícil de cuantificar. Antes de iniciarse las manifestaciones, el Ministerio de Economía y Finanzas estimaba que la economía podría llegar a crecer a una cifra cercana al 3% junto con un prometedor plan de reactivación que movería los principales motores del país. Sin embargo, las revueltas han paralizado gran parte de los sectores productivos como el turismo, la minería y el comercio y los analistas económicos de entidades financieras del país ya han reducido las expectativas de crecimiento para este año, llegando al consenso que podría crecer menos de un 2%.