Estados Unidos activa el Green New Deal

La Build Green Infrastructure and Jobs Act lleva la firma tanto de la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, aspirante a las primarias demócratas, como de la representante por Nueva York de la formación en la Cámara de Representantes, Alexandria Ocasio-Cortez -para muchos analistas la gran baza futura demócrata como cabeza de cartel del partido- y del también congresista por Michigan, Andy Levin. Tres de las voces más significadas a favor de la conversión de EEUU en un mercado libre de emisiones y en una economía verde y sostenible. El texto de la iniciativa está ya en fase de discusión en la Casa Blanca, paso previo para su envío al Congreso y en el mismo se incluye la propuesta de desembolsar medio billón de dólares en inversiones en los próximos diez años para construir o modernizar redes de infraestructuras estatales y locales y poner en marcha una estrategia para acometer la transición hacia el vehículo eléctrico, un proyecto verde con el que se crearán, según sus impulsores, un millón de puestos de trabajo directos. El grupo de legisladores demócratas que defienden la propuesta espera que forme parte de la batería de medidas medioambientales que firme Biden mediante orden ejecutiva. El respaldo legislativo de los republicanos despierta incertidumbre. Aunque su representante en la Cámara Baja, Sam Graves, y miembro de su panel de Infraestructuras, admitió que podrían sumarse de inmediato al apoyo de los planes de renovación y construcción de nuevas redes logísticas. Para Graves, los republicanos “queremos que se distinga el Green New Deal de los recursos a infraestructuras”, matizó.

Para la senadora Warren, sin embargo, el bloque legislativo adquiere todo el sentido: “La crisis climática es una amenaza existencial para nuestro planeta, pero también es un oportunidad que acontece una vez en cada generación de transformar nuestras vetustas infraestructuras, crear un millón de puestos de trabajo y demostrar lo mejor de la innovación americana”, escribió en un comunicado en el que, además, incide en que “el Build Green Infrastructure and Jobs Act se erigiría en una catapulta legal de inversiones necesarias para reestructurar el sistema y las redes de transporte y logística, abordar las desigualdades económicas, raciales y sociales y acabar con el modelo energético de combustión fósil para alcanzar el ambicioso objetivo de que el mercado americano sea cien por cien impulsado por energías limpias”. Una demostración virtual de estas medidas de confección federal estima que las inversiones, de Data Progress, think-tank próximo al Partido Demócrata, generarán un millón de puestos de trabajo sólo en la transformación de las redes de electrificación del país, además de salvar 1.000 millones de dólares anuales por los daños sanitarios asociados a la contaminación del aire y 4.200 muertes anuales por esta misma causa. 

El comunicado informativo de Warren, AOC y Levin explica que contribuirá a mejorar los climas para hacer negocios en los estados de la Unión y a modernizar las infraestructuras con una cobertura de costes superior al 85% y, en casos concretos, del 100%, a través de la Secretaría de Transportes. También reduciría las emisiones de CO2 en 21,5 millones de toneladas métricas y dedicará al menos el 40% de sus fondos de inversión a proyectos en comunidades vulnerables o catalogadas como territorios con desventajas competitivas, como informa Bloomberg.

En su planteamiento, los legisladores demócratas aconsejan que el Departamento de Transporte sea la institución que seleccione y elija los proyectos bajo criterios de sostenibilidad y de relación entre costes y ahorro de inversiones. Porque la totalidad de contratos impulsados por los fondos federales deben contemplar un mínimo de 15 dólares de salario por hora y, cuanto menos, 12 semanas de trabajo. Recursos que se sumarían a los 2 billones de dólares del megaproyecto de infraestructuras propuesto por Biden, donde se incluirían los fondos de promoción del vehículo eléctrico, según su compromiso electoral, reforzado tras la toma de posesión de su cargo.

El secretario de Transporte Pete Buttigieg mostró en su cuenta de twitter su intención de “dotar a las infraestructuras de puntos públicos de carga de energía limpia por todas y cada una de las latitudes del país”, con objeto de lograr un censo de vehículos no contaminantes. El presidente, no obstante, aún no ha desvelado los pormenores de su política de infraestructuras.

La iniciativa legislativa demócrata para configurar el Green New Deal de Biden se completa con otra señal verde. Porque hace unas fechas se reunieron con la asesora de la Casa Blanca para el Cambio Climático, Gina McCarthy, empresarios de la industria del petróleo y del gas, a los que la dirigente de la Administración Biden les transmitió sus planes para acabar con los gases de efecto invernadero de los combustibles fósiles. Una cita sin trascripción pública a la que también tuvieron acceso lobbies del sector, pero de la que transcendió las consecuencias que, a juicio del Despacho Oval, tendrá el reingreso de EEUU en los Acuerdos de París, y los preparativos para la promoción de un sistema energético libre de emisiones de CO2 y las medidas de impulso hacia las fuentes renovables. Después de que el pasado 27 de enero el Ejecutivo de Biden declarara una pausa en la venta y arrendamientos de servicios de petróleo y gas en tierras y aguas bajo la jurisdicción federal. La industria ha manifestado su predisposición a buscar socios y establecer esfuerzos estratégicos para combatir el cambio climático, aunque argumentan que continuarán desarrollando sus negocios de gas y petróleo mientras se sigan considerando esenciales para la economía y la seguridad nacional.  

Gernot Wagner, columnista de Riesgo Climático en Bloomberg Green, profesor en la Universidad de Nueva York y coautor de Climate Shock, hace hincapié en la conveniencia de que Washington marque el itinerario a corto y medio plazo para conseguir las emisiones netas cero de CO2 en 2050, en sintonía con la estrategia de la UE y reduzca su stock de gases de efecto invernadero y, en este sentido, resalta “la suma importancia de las inversiones en infraestructuras a larga escala no solo para tener éxito en los objetivos climáticos, sino para restablecer el dinamismo del PIB y apuntalar los flujos de capital y la generación de empleo”. Los recursos deben inyectarse en la misma dinámica con la que se reduzcan las emisiones contaminantes -aduce Wagner- si se desea tener éxito con la política medioambiental.