La amenaza de una
nueva subida de aranceles, en este caso del 100%, sobre los 2.400 millones de dólares de productos procedentes de Francia, no ha sentado nada bien al sector privado de EEUU. La maniobra que baraja la Casa Blanca dentro de su política proteccionista está dirigida, en esta ocasión, contra Francia, por su decisión de gravar fiscalmente los servicios digitales, una medida que fue aprobada por el Ejecutivo galo el pasado verano. Aunque el Estado galo sea sólo el último de una lista de países que han decidido imponer un impuesto específico a las grandes multinacionales tecnológicas que evaden impuestos a través de firmas subsidiarias haciendo uso del principio de sede social en naciones con obligaciones tributarias dóciles. Aunque en el argot multilateral, instituciones como la OCDE califican estas prácticas fiscales como dañinas y piden desde hace meses una reordenación de las normas impositivas internacionales para afrontar el perjurio que las
big-techs ocasionan en las arcas tributarias de múltiples países. También en las del Tesoro de EEUU. La Administración Trump, sin embargo, ha criticado siempre estas políticas de imposición específica -se la conoce como tasa Google-, por considerarlas perjudiciales para las compañías estadounidenses e inconsistente con las normas fiscales internacionales. Sin embargo, la réplica a esta iniciativa francesa, que podría extenderse al conjunto de socios de la UE a lo largo de este ejercicio, no ha gustado al sector privado que opera en suelo americano. La amenaza de la Casa Blanca de imponer unos aranceles de entrada al mercado americano que duplican el gasto actual al vino, el queso o a los bolsos, entre otros productos de procedencia mayoritariamente francesa, ha levantado críticas entre firmas estadounidenses, que se quejan -y alertan- de las
subidas de precios que acarreará este nuevo episodio arancelario sobre los consumidores, que pagarán finalmente su encarecimiento, y sobre el empleo, dado que cuentan con un descenso del consumo de estos bienes. De magnífica acogida entre los estadounidenses. Sus reticencias han sido documentadas en una comparecencia que representantes del sector de la alimentación americano mantuvieron hace unas fechas con las autoridades de Comercio de EEUU.
Le Creuset, empresa francesa de menaje del hogar y hornos, con casi 300 empleados en Carolina del Sur, además de otras fábricas diseminadas por el territorio de EEUU, aconsejó a los responsables de la Casa Blanca que reconsidere una medida que tendrá un impacto pleno sobre sus productos y que significará la inmediata congelación de la apertura de nuevas oficinas y un severo daño económico a los aproximadamente 115 negocios locales y estatales con los que mantiene algún tipo de relación empresarial. Su rival,
Staub, alertó contra el perjuicio no sólo al consumidor y a los trabajadores, también a los centros de comercio, a las grandes superficies y a los minoristas, así como a los restaurantes, que adquieren utensilios de cocina
made in France de manera masiva.
Cutting Edge Selections, el socio de selección y distribución de vinos en los restaurantes del país, alertó también de que la ?desproporcionada subida? arancelaria traerá consigo un deterioro de grandes dimensiones sobre el negocio del vino. Ocasionará una significativa pérdida de ingresos, un drástico descenso de ventas, y caída de productividad, además de despidos de plantillas. Uno de sus competidores,
Selection Massale, dedicada a la importación de vinos, alertó contra el efecto dominó: somos una pequeña empresa que se apoya en otras firmas de escasa dimensión para desarrollar la clave de nuestro negocio, el servicio de entrega casi en mano de los mejores vinos para los consumidores estadounidenses. Esta iniciativa será ?potencialmente catastrófica? y un jarro de agua fría para las expectativas de los consumidores americanos. Otra firma del sector vinícola,
Vintage ´59 Imports, también habló como pyme. Pero con quince años de experiencia en EEUU, y dijo que cualquier subida del 25% o más dejaría a este segmento productivo en números rojos. Desde
Copake Wine Works fueron aún más contundente: ?Nos gustaría poder trasladar el número específico de puestos de trabajo, de negocios y de pérdida de ingresos fiscales a las autoridades municipales y estatales que va a producir este incremento de tarifas; pero, desafortunadamente, no tenemos tiempo para ellos porque somos una pyme?. La firma de champán
Laurent-Perrier en EEUU utilizó una narrativa más política. ?Los ingresos y puestos de trabajo también pueden caer en medio centenar de empresas americanas a las que entregamos 5 millones de dólares al año para apoyar nuestros productos y servicios. Y está en nuestro conocimiento que esta estrategia nace de una disputa con Airbus por supuestos fondos europeos considerados como subsidios y que, indirectamente, nos ha afectado a las empresas del sector agroalimentario?. Precisamente a colación de este asunto, la justicia estadounidense ha concedido la primera gran victoria legal a los empresarios europeos, en este caso, masivamente españoles, en el litigio que abrieron en los tribunales de EEUU por las
subidas arancelarias a la aceituna negra. El Tribunal Federal de Comercio Internacional americano ha ordenado la cancelación de las nuevas tarifas, del 35%, y da un plazo de 90 días a la Casa Blanca para que presente nuevos argumentos que justifiquen las tasas sobre este producto. La Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa (Asemesa), que interpuso el recurso, asegura que ?podría ser el primer paso para la eliminación? de dichos aranceles, que en la comunidad exportadora europea ya se conocen como ?anti-subvención? por ser una represalia de Washington a las ayudas oficiales a Airbús, declaradas por la OMC, que estudia ahora un caso similar, a instancias de la UE, sobre el gigante aeronáutico estadounidense Boeing. En el caso de la aceituna negra de mesa, la Casa Blanca ha aducido que se benefician de los fondos de la Política Agraria Común (PAC) que tildan de ilegales. Si quieres seguir leyendo noticias relacionadas, haz
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