20 dic 2020
Choque institucional
Ucrania se encuentra, desde hace meses, sumida en una grave crisis política.
El origen es la sentencia que emitió el pasado mes de octubre el Tribunal Constitucional que anulaba parte de la legislación contra la corrupción que había adoptado el parlamento ucraniano en 2019. En concreto, calificaba de anticonstitucional el requisito de que todos los funcionarios públicos hiciesen una declaración electrónica de sus bienes y consideraba excesivo que falsear la declaración de sus ingresos fuese castigado con la cárcel. La sentencia supuso un duro mazazo para el presidente Volodimir Zelenski quien está llevando a cabo enormes esfuerzos por reformar el país en materia anticorrupción. Además, el dictamen del Tribunal ponía también en peligro un nuevo desembolso del programa de asistencia acordado con el FMI el pasado mes de junio. Ahora, la Rada ha respondido reintroduciendo de nuevo las partes más polémicas de la legislación anticorrupción para, de esta forma, asegurar la financiación internacional que las autoridades esperan en el primer trimestre de 2021 y que resulta vital para hacer frente al apretado calendario de amortizaciones de deuda que le espera el próximo año.