Consecuencias de la victoria talibán (parte III)

Sin embargo, ahora viene algo para lo que quizá no estén preparados: gobernar un país en medio de una severa crisis económica, gestionar la tensión de sus corrientes internas y cumplir con la necesidad de dar una cara más respetuosa con los derechos humanos para reinsertarse en la comunidad internacional. El riesgo más inmediato para el nuevo gobierno es evitar que Afganistán se convierta en un estado fallido, terreno abonado para grupos armados independientes, señores de la guerra y terroristas internacionales. Los primeros signos no son especialmente halagüeños. La formación del gabinete de ministros, plagada de miembros con escasa capacidad técnica más allá de la lucha de guerrillas, muestra incluso las dificultades que va a tener el nuevo ejecutivo simplemente para mantener la cohesión interna. En lugar del esperado mulá Baradar como primer ministro, la sorprendente decisión final de los talibanes fue la de nombrar a Mohamed Hasán Akhund como líder del gobierno. Además de gobernador de Kandahar, feudo de los talibanes, fue también primer ministro durante su primer gobierno 1996-2001, y durante la insurgencia fue jefe del consejo de liderazgo talibán en Pakistán. Todo indica, en efecto, que la influencia de Pakistán ha sido clave en el nombramiento. El descartado Baradar en cambio tiene fuertes lazos con Qatar y un pasado incómodo para Pakistán: entre 2010 a 2018 permaneció detenido, y presuntamente torturado, en una cárcel de Pakistán. Dos días antes del anuncio, el director de la Agencia de Inteligencia de Pakistán (ISI), el militar Faiz Hameed, se reunió en Kabul con varios miembros de la cúpula talibán. El apoyo de Pakistán aunque vital, no será suficiente para lograr un mayor reconocimiento y apoyo financiero exterior. Todo apunta a que será complicado justificar una normalización de relaciones, especialmente para los países occidentales. Efectivamente, a pesar del renovado discurso talibán hacia el exterior, el nuevo jefe del sistema penal de Afganistán, Mullah Nuruddin Turabi, anunció el pasado día 23 de septiembre que se restablecerían penas como ejecuciones y amputaciones. Turabi que ya fue ministro de Justicia bajo la administración talibán de 1996-2001, declaró: "Nadie nos dirá cuáles deberían ser nuestras leyes. Cortar manos es muy necesario para la seguridad".