Gustavo Petro hace historia

La victoria supone una nueva era política puesto que por primera vez en su historia el tercer país más poblado de América Latina será gobernado por la izquierda. Los tres puntos de ventaja alejan el fantasma del fraude que ha sobrevolado todos los comicios y permite poner fin a una campaña electoral marcada por la tensión y la elevada fragmentación del electorado. La victoria del exrebelde y senador veterano que ha prometido transformar el sistema económico del país refleja el descontento generalizado en Colombia frente a un aumento de la pobreza y la desigualdad que llevó a cientos de miles de personas a manifestarse en las calles el año pasado. Además, este triunfo supone el final del estigma que ha padecido históricamente la izquierda en el país a causa de la brutal insurgencia izquierdista conocida como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia lo que había imposibilitado el florecimiento de una izquierda legítima. Conviene recordar que Petro había formado parte de otro grupo rebelde, el M-19, que se desmovilizó en 1990 y se convirtió en un partido político que ayudó a reescribir la Constitución del país.

│Fin del modelo extractivista

Petro ha prometido una transición energética para luchar contra el cambio climático que incluye la propuesta de detener la exploración petrolera. Para ello prohibirá la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, detendrá los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera y no dará nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos ni permitirá la gran minería a cielo abierto. El petróleo es la principal fuente exportadora de Colombia, y el sector de hidrocarburos aporta aproximadamente el 3,3% del PIB con lo que esta iniciativa ha sido calificada por miembros de la oposición como un “suicidio económico” y ha despertado una gran inquietud entre los inversores.

│Reforma fiscal

Desde el punto de vista fiscal el líder del Pacto Histórico aboga por una reforma tributaria para aumentar los ingresos en 50 billones de pesos al año (12.843 mill.$). La mitad de esta recaudación adicional se empleará para sufragar una ambiciosa agenda social y la otra para reducir el déficit público. Sin embargo, las cuentas no parecen cuadrar. Por una parte, sus propuestas en materia social exceden claramente los 25 billones de pesos. Entre sus promesas figuran una renta básica de 500.000 pesos (128 dólares) para los 5,8 millones de adultos mayores que no tienen pensión, un mínimo de agua gratuita para todos los ciudadanos y la figura del Estado como empleador de última instancia, que se traduce en que este contrate a quienes no han podido insertarse en el mercado laboral. Por otra parte, parece poco realista que pueda recaudar 5 puntos adicionales del PIB a través de las medidas anunciadas por el momento que incluyen un incremento de los impuestos a las 4.000 personas naturales y jurídicas más adineradas del país; la eliminación de los beneficios tributarios que carecen de justificación económica o social y la incorporación de impuestos saludables entre otras. Además, no contempla que el impuesto a las grandes fortunas puede generar una fuga de capitales