20 mar 2022
Indulto a Alberto Fujimori
Perú ha sido escenario de masivas protestas por la decisión del Tribunal Constitucional de liberar al expresidente Fujimori (1990-2000), que ha levantado la indignación entre los familiares de las víctimas. Como se recordará, el exmandatario fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, por secuestros y por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta.
No es la primera vez que su puesta en libertad genera polémica. Ya fue liberado en 2017, en una más que discutida decisión del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, argumentando razones humanitarias. En realidad, aquel indulto obedeció a un pacto secreto con el entonces diputado Kenji Fujimori, uno de los hijos del exdictador, a cambio de que el fujimorismo votara en contra de la destitución parlamentaria de Kuczynski. No obstante, en octubre del 2018 la Corte Suprema anuló dicho indulto y ordenó su inmediata detención y encarcelamiento. En aquel momento el máximo tribunal argumentó que el indulto humanitario no procedía precisamente por tratarse crímenes de lesa humanidad, que además contaban con resoluciones en este sentido dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La decisión de la semana pasada del TC básicamente anula el fallo de la Corte Suprema del 2018, que anulaba el indulto concedido por Kuczynski. El Gobierno no ha tardado en pronunciarse. El presidente Castillo señaló, a través de su cuenta de Twitter, que “la crisis institucional a la cual me referí en mi mensaje al Congreso se refleja en la última decisión del Tribunal Constitucional”. El canciller, César Landa, que es además expresidente del Tribunal Constitucional, ha ido más allá al afirmar que la decisión no es válida, “pues va en contra de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barrios Altos y La Cantuta”. Además, el viceministro de Justicia ha anunciado que el Estado apoyará revertir la decisión ante la Corte IDH. Todo este cruce de declaraciones dibuja un nuevo episodio en la muy preocupante crisis política que padece el país y que, directamente, afecta a la gobernabilidad y a la solidez de las instituciones democráticas.