08 may 2022

Polémica reforma electoral

Dos semanas después de la derrota legislativa de su reforma constitucional del sector eléctrico, el presidente Obrador lanza una nueva iniciativa: la reforma electoral. 

El proyecto, enviado a finales de abril al Congreso para su debate parlamentario, contempla la desaparición del actual Instituto Nacional Electoral (INE) y su sustitución por un nuevo órgano regulador elegido por sufragio universal, la disminución de los consejeros electorales, el recorte a la financiación de los partidos políticos, la reducción del número de parlamentarios y el mayor peso de un sistema proporcional. El sistema de elección de consejeros electorales es una de las medidas más polémicas. Serán designados por el voto directo de la ciudadanía a partir de unas listas de candidatos propuestos por los tres poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial y la duración del cargo sería de seis años, es decir, la misma que los mandatos presidenciales.

Fuertes críticas

El sistema propuesto ha sido criticado por académicos y expertos en política electoral por imponer una lógica partidista en la elección de órganos reguladores regidos por los principios de independencia y neutralidad. La oposición señaló desde un principio que no apoyarían ninguna iniciativa que debilite al árbitro electoral. Esta semana han dado un paso más. El Partido Acción Nacional (PAN) ha señalado en la Cámara de Diputados, que el próximo lunes 9 de mayo dará a conocer una contrarreforma en materia electoral tras denunciar que la propuesta del Presidente supone un retroceso en los avances político-electorales alcanzados en las últimas décadas, especialmente en la construcción del INE. Todo apunta a que Obrador va a tener difícil sacar adelante esta polémica reforma que requiere de mayoría cualificada para su aprobación habida cuenta que la alianza Morena perdió alrededor del 20% de apoyos en las elecciones intermedias celebradas en junio de 2021 respecto a los comicios de julio de 2018. Actualmente cuenta con 203 diputados, muy por debajo de los 250 de la mayoría ordinaria pero que alcanza pactando con sus socios electorales, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde. En todo caso, la alianza Junto Haremos Historia se quedarían muy lejos de la mayoría cualificada (334 escaños) necesaria para aprobar reformas constitucionales sin necesidad de la oposición. 

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