Se reactiva el conflicto norte-sur

En parte, la crisis se ha desatado a raíz de la expulsión de la misión de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas en el país (MINUSMA), que llevaba una década intentando estabilizar el territorio tras el estallido del conflicto secesionista, primero, y la rebelión yihadista después, que ha terminado afectando a toda la región del Sahel. Con la salida de los cascos azules, el gobierno del Coronel Goïta se hará cargo de las bases usadas por MINUSMA, lo que ha conllevado el desplazamiento de las Fuerzas Armadas al norte del país. El CSP (Marco Estratégico Permanente, que agrupa a todos los movimientos nacionalistas del norte de Mali) considera esto una violación del Acuerdo de Paz firmado en Argel en 2015, cuya puesta en práctica ha sido extremadamente deficiente. Así, excusándose en “las provocaciones” del ejército maliense, los tuaregs se han hecho con el control de la base de Bourem y otras posiciones en Gao tras intensos combates con el ejército. En paralelo, los yihadistas han aprovechado para intensificar sus operaciones: destaca el bloqueo a la ciudad de Tombuctú llevado a cabo por el JNIM (la rama de Al Qaeda en Mali). Muchos detractores de Goïta denuncian que el gobierno estaría favoreciendo la inestabilidad deliberadamente, con el fin de posponer las elecciones programadas para febrero de 2024, que deberían suponer la vuelta a un régimen civil (casi 4 años después del derrocamiento del presidente Ibrahim Boubacar Keïta, democráticamente elegido). Independientemente de la plausibilidad de esta acusación, el control gubernamental sobre el norte del país es muy precario y se espera que a corto plazo  la intensidad del conflicto vaya en aumento, lo que podría poner en peligro los comicios.