Así es la nueva ley de impulso a la creación de empresas

El tejido empresarial español, especialmente el compuesto por pymes, ha sufrido severamente las consecuencias económicas de la crisis del coronavirus. Con el fin de devolver la confianza en el emprendimiento, facilitar la creación de empresas e impulsar su crecimiento, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha lanzado a audiencia pública el Anteproyecto de Ley Crea y Crece. Para conseguir sus objetivos, la nueva norma plantea la mejora regulatoria, la eliminación de obstáculos a las actividades económicas, la lucha contra la morosidad comercial y el apoyo financiero a la expansión empresarial.

La nueva ley aspira a convertirse en una de las reformas más importantes contempladas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de impulso a las pequeñas y medianas empresas, mejorando las condiciones para el desarrollo de la actividad empresarial y haciendo frente a los incentivos de muchos emprendedores de crear empresas en otros países.

Mayor facilidad para crear empresas

El texto reduce tanto el coste como el tiempo necesario para crear una empresa. Lo más destacado es la reducción del capital social para poder constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada: de 3.000 euros como mínimo legal que se necesitan a día de hoy, se reduce a un euro.

Con la reducción del coste de creación de empresas, la nueva norma pretende promover el surgimiento de nuevos negocios, liberar recursos económicos para emplearlos en usos alternativos y alinear la normativa española con la de los países con regímenes más favorables para el emprendimiento.

Además, en plena transformación digital, la Ley Crea y Crece permitirá crear empresas de forma telemática a través del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE), minimizándose así los tiempos en la constitución y los costes registrales y notariales.

Lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales

Una de las principales causas de los problemas de liquidez y rentabilidad de muchas empresas españolas, especialmente pymes, es la morosidad en operaciones comerciales. Para reducirla, la principal medida de la nueva normativa es la adopción de la factura electrónica, ampliando la obligación de expedir y remitir facturas electrónicas a todas las empresas y autónomos en sus relaciones comerciales. El objetivo: garantizar una mayor trazabilidad y control de pagos, permitiendo obtener información fiable y ágil para conocer los plazos efectivos de pago, requisitos indispensables para poder reducir la morosidad de forma eficaz.

El Plan de Recuperación -en concreto, los recursos previstos para la digitalización de las pymes- incluye los fondos necesarios para facilitar la implantación efectiva de la factura electrónica. En particular, el Programa Digital Toolkit recogerá entre los productos y servicios subvencionables la factura electrónica.

También para combatir la morosidad, la ley establece que las empresas que no cumplan los plazos de pago establecidos por la Ley de Morosidad no podrán acceder a una subvención pública. Para su acreditación, las empresas deberán presentar una declaración responsable ante el órgano concedente, quien podrá verificarlo mediante la información que provea la factura electrónica, y que la autoridad concedente de la subvención podrá requerir al beneficiario.

Por último, se contempla la creación del Observatorio de Morosidad Nacional, cuya misión será la del seguimiento y evolución de los datos de pago y la promoción de buenas prácticas.

Reducción de obstáculos a la actividad económica

Para mejorar la eficiencia del marco regulatorio, el Anteproyecto simplifica la legislación existente, elimina regulaciones innecesarias y establecer procedimientos más ágiles. De esta forma, se modifica la Ley de medidas de liberalización del comercio, aumentándose el catálogo de actividades económicas exentas de licencia e incorporando a la normativa estatal las actividades que hayan sido consideradas inocuas por al menos una Comunidad Autónoma.

También se reforma la Ley de Garantía de Unidad de Mercado para intensificar la cooperación y confianza mutua entre Administraciones públicas y reforzar las ventanillas en las que las empresas pueden reclamar a las Administraciones.

Apoyo a la expansión empresarial

El nuevo texto también aspira a mejorar los instrumentos de financiación del crecimiento empresarial alternativos a la financiación bancaria, como el crowfunding (financiación participativa), la inversión colectiva y el capital riesgo.

En cuanto a la primera opción, la Ley Crea y Crece adapta la regulación nacional a la normativa europea, favoreciendo una mayor flexibilidad para que las plataformas de crowfunding presten sus servicios en Europa. También se refuerza la protección de los inversores y permite la creación de instrumentos para agrupar a los inversores.

Respecto al capital riesgo, se incluyen una serie de modificaciones para impulsarlo, ampliándose el tipo de empresas en las que pueden invertir estas entidades, incluyendo empresas financieras con un alto componente tecnológico.