Crisis institucional tras las elecciones

El resultado constituyó una sorpresa, ya que Arévalo había quedado segundo en la primera vuelta, el pasado 25 de junio, y no era el favorito en las encuestas. Las exigencias de la oposición de que se revisaran los resultados y un intento de la Fiscalía General de suspender el Movimiento Semilla de Arévalo no impidieron que éste pasara a la segunda vuelta. Sin embargo, ocho días después de las elecciones, Semilla fue inhabilitado por el jefe del Registro de Ciudadanos, acatando una orden judicial, lo que en principio impide al partido toda actividad. La medida contra la organización que dirige Bernardo Arévalo fue solicitada por el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y ordenada por el juez Fredy Orellana. La Fiscalía alega que hubo irregularidades en la recolección de firmas de ciudadanos para inscribir a Semilla como partido en 2017 y 2018 y que entre los afiliados figuran 18 fallecidos y 319 personas cuyo documento de identificación no corresponde. Arévalo ha denunciado un plan de “golpe de Estado” para impedir que asuma el poder en enero de 2024. La situación parece haberse calmado algo después de que el pasado 3 de septiembre el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE) levantara temporalmente la inhabilitación hasta el 31 de octubre, una vez que termine formalmente el actual proceso de elecciones. No obstante, la confirmación de Arévalo como presidnete electo no está fuera de peligro, y Guatemala se enfrenta, por tanto, a un escenario de incertidumbre política para los próximos meses.